El informe se aprobó en la reunión del Consejo Fiscal del 12 de septiembre de 2013. Entre los acuerdos figura el de "informar favorablemente el Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio (Ponente, Dña. Raquel Amado Pico) con las propuestas de modificación debatidas en el pleno". Así, en el Consejo Fiscal se impusieron las tesis favorables a la
custodia compartida, aunque los medios de comunicación no lo han difundido como merece:
- El Consejo Fiscal aplaude el tratamiento que [el anteproyecto de "Ley de Corresponsabilidad Parental en caso de Separación, Nulidad o Divorcio" del ministro Gallardón] da a la guarda y custodia compartida, "suprimiendo la nota de excepcionalidad cuando no exista acuerdo entre los progenitores" porque en opinión de la Fiscalía "es una opción legítima y equilibrada" (pincha aquí).
Por si esa declaración no estuviera suficientemente en contra de las tesis del lobby feminista, entre las propuestas de modificación del Anteproyecto de Ley que hace el Consejo Fiscal hay una que se enfrenta aún más radicalmente a las directrices impuestas por el lobby feminista al ministro Gallardón:
Los fiscales han tenido que soportar en el pasado reciente una situación bochornosa, cuando Mª Teresa Fernández de la Vega (PSOE) pretendió usarlos en la Ley de divorcio express como comisarios políticos del lobby feminista para
vetar todas las custodias compartidas en los juzgados. Así, la ley establecía la excepcionalidad de la custodia compartida si no existía acuerdo entre ambos progenitores (como es sabido), pero se añadía que el juez sólo podría dictarla con un informe favorable de la fiscalía... De este modo, se hacía recaer en la fiscalía (dependiente en última instancia del presidente del Gobierno, que nombra al Fiscal General de esa institución tan notablemente jerarquizada) la responsabilidad de impedir sistemáticamente las custodias compartidas en caso de ausencia de acuerdo entre los progenitores. Y todo ello a mayor gloria del lobby feminista y de las personas del sexo cuyos intereses son favorecidos por ese lobby, es decir, las madres. Pero después los fiscales tuvieron que ver cómo ese articulo de la ley no superaba el filtro del Tribunal Constitucional, quedando la fiscalía, a los ojos de quienes padecieron la aplicación de ese artículo, como una institución que había actuado ilegítimamente en sus casos. El malo de la película parecía haber sido el ministerio fiscal, pero todos sabemos dónde estaba la verdadera raíz del mal. Esta vez el Consejo Fiscal no parece dispuesto a aceptar en silencio las directrices marcadas por el lobby feminista. Éste es el revés más importante que ha
sufrido el feminismo de género infiltrado en el actual Ministerio de
Sanidad desde que gobierna el PP:
- La Fiscalía General del Estado ha aprobado un informe sobre el anteproyecto de "Ley de Corresponsabilidad Parental en caso de Separación, Nulidad o Divorcio" en el que recomienda al Ministerio de Justicia que suprima el articulado que impide fijar régimen de estancia, relación y comunicación con los hijos en los casos de sentencia firme por malos tratos o por violencia de género.
- El informe, aprobado recientemente por el Consejo Fiscal y al que ha tenido acceso Europa Press, afirma que la regulación del anteproyecto en este sentido --los apartados 5 y 6 del artículo de nueva creación 92 bis-- "puede generar a través de respuestas estandarizadas decisiones injustas y desproporcionadas".
- La Fiscalía es partidaria de mantener la regulación actual de este
asunto, recogida en el artículo 92.7 del Código Civil, que se limita a
declarar no procedente la guardia conjunta en los casos de sentencia
firme sobre uno de los progenitores por atentar contra la integridad o
la vida del otro o de los hijos que conviven con ambos. El departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón ha ido "mucho
más lejos" en este sentido, ya que no sólo considera que no procede la
guardia y custodia de los hijos, individual o compartida en malos tratos
o violencia de género, sino que establece que tampoco procederá que se
conceda "el régimen de estancia, relación y comunicación respecto de
ellos al progenitor que haya sido condenado penalmente por sentencia
firme" en casos de esta índole.
Los fiscales argumentan la necesidad de conjugar el derecho de los menores a estar protegidos frente a comportamientos violentos con su "derecho a mantener el contacto con ambos progenitores" y sostienen que "el derecho de visitas no debe ser objeto de interpretación restrictiva" porque "actúa válidamente para la reanudación de las relaciones entre los padres y los hijos, evitando rupturas definitivas o muy prolongadas en el tiempo, que resultan muy difíciles de recuperar".
"A los efectos de valorar la adopción de estas medidas debería tenerse especialmente en cuenta ese interés superior del menor y nunca optarse por la drástica solución de la supresión de las relaciones de manera automática o estandarizada", explica el informe de la Fiscalía, que aboga por una regulación "flexible" que "huya de automatismos" y distinga entre los niños que han padecido directamente el delito y los que no.
En este sentido, sostiene que "a la hora de valorar las repercusiones de la concurrencia de la violencia doméstica o de género en las decisiones de guarda o custodia debe dejarse al juzgador un margen de maniobra muy superior al que el Anteproyecto le reconoce".
"Lo que desde luego es criticable es que la regulación de las medidas de la patria potestad y del régimen de visitas se lleve a cabo a través de unas disposiciones tan lacónicas e insuficientes", concluye sobre este asunto el informe aprobado por el Consejo Fiscal.
Fuente: http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-fiscalia-no-partidaria-prohibir-ley-comunicacion-hijos-casos-violencia-genero-20130926183257.html
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