miércoles, 28 de noviembre de 2012

Toni Cantó: "No puede funcionar nunca una igualdad construida contra los hombres"

Publicado el 27/11/2012 por
Intervención de Toni Cantó, UPyD, sobre la Proposición no de Ley del GP Popular en el Congreso, para la elaboración de una cartera básica de servicios para las víctimas de violencia de género en materia social.

Impecable intervención de Toni Cantó, diputado de Unión, Progreso y Democracia, en la que recuerda a todos los grupos parlamentarios del Congreso que existen desigualdades propiciadas por un sistema autonómico que no sólo delega la gestión de servicios en las Comunidades o los Ayuntamientos (algo que debe seguir haciendo), sino que viene estableciendo una desigualdad de derechos entre los españoles en función de la Comunidad donde viven. Como dice Toni Cantó, resulta curioso que tanto el PP como el PSOE o Izquierda Plural rechacen siempre de plano esta clase de advertencia por parte de UPyD y, sin embargo, se hayan reunido hoy para, por fin, tratar de poner solución a ese problema (reconociendo así su existencia) en materia de servicios para víctimas de violencia de género en España.
Por otra parte, Toni Cantó ha recordado una vez más la necesidad de corregir en la ley de violencia de género sus graves defectos. Viene siendo una ley ineficaz para lo que se ha diseñado; viene propiciando además un problema con las denuncias falsas, que causan enormes daños a los varones que las padecen; viene ejerciendo una desigualdad injusta a través de la asimetría penal por razón de sexo pese a que se juzguen conductas semejantes, y viene ignorando problemas como la violencia en parejas homosexuales, la violencia padecida por menores, por mayores o por hombres en el seno familiar, además de haber dejado fuera de la consideración de "violencia de género" la mismísima trata de mujeres, que recibe sin embargo ese tratamiento en la UE. Se trata, pues, de una ley con enormes defectos que deben corregirse.
Pero para eso es necesario, antes, que quienes pretenden tener el monopolio del discurso abandonen el dogmatismo y, sobre todo, asuman que "la igualdad nunca podrá ser construida en contra de los hombres".

Para estas Navidades les sugiero que regalen a sus amistades un libro que acaba de publicarse. Este libro: La DICTADURA de GÉNERO. Una amenaza contra la Justicia y la Igualdad (pincha). Publicado por la editorial Almuzara, su autor es el Juez de Familia represaliado por el lobby feminista español D. Francisco Serrano Castro. Una lectura imprescindible para quien desee conocer la realidad que rodea hoy a la ley de violencia de género española.

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martes, 20 de noviembre de 2012

El nuevo Código Penal mantendrá el oscurantismo terminológico sexista respecto a la "violencia de género"

El lobby feminista ha protestado por la supuesta "eliminación" de la expresión "violencia de género" en el anteproyecto de reforma del Código Penal (CP). Que nadie se confunda. La ley de violencia de género sigue perfectamente vigente en todos sus términos. Y los delitos introducidos por ella en el Código Penal, también. Simplemente, en los artículos del Código Penal NUNCA se hizo mención expresa al término "violencia de género" (con la excepción, apuntada por el Ministerio, de una alusión en un comentario referido a la suspensión de penas que ahora se ha eliminado al sustituirla -"haciendo una mejora técnica"- por una mención expresa de los artículos del CP implicados). El Código Penal se limita a hablar, en los artículos que introdujo en él la ley de violencia de género, de las agresiones sufridas por una mujer (sexo) a manos de su pareja o ex pareja de sexo masculino. Y es precisamente eso lo que convierte al Código Penal en un código sexista, pues en ningún momento se menciona en su articulado que esa clase de agresiones sean merecedoras del agravamiento previsto cuando (y sólo cuando) exista lo que se llama "violencia de género": una violencia ejercida para someter a una mujer por el hecho de ser mujer. En el Código Penal se agrava la pena al varón respecto a una mujer por el hecho de ser varón. Sin más. Mucho mejor sería que en esos artículos se aclarase de una vez (y expresamente) qué es lo que un juez debe considerar "violencia de género". Porque el espectáculo servido por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y las distintas Audiencias Provinciales, con interpretaciones contradictorias hasta la náusea respecto a la oscurantista definición expresada en el artículo 1.1 de la ley de violencia de género, mantiene a los ciudadanos españoles en la inseguridad jurídica más absoluta desde el mismo día que se aprobó (en diciembre de 2004) la ley de violencia de género y entraron en vigor sus modificaciones del Código Penal vigente.

COR-Feministas denuncian la supresión del término 'violencia de género' del Código Penal y Justicia alega mejora técnica

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres para la Salud, Mujeres Juristas Themis y la Comisión de Malos Tratos han hecho público este martes un documento en el que denuncian, entre otros, que el anteproyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Ministerio de Justicia no incluye el término violencia de género.
   Por su parte, fuentes del ministerio de Justicia han informado a Europa Press de que el término 'violencia de género' aparece una única vez en el Código Penal y no en los artículos que tipifican esta conducta sino en el que se refiere a la suspensión de condenas.
   Por este motivo, el departamento señala que ha preferido eliminar esta alusión y referenciar la suspensión de condenas a los artículos concretos a los que se refiere, porque en la actualidad se hace necesario acudir a la Ley Integral contra la Violencia de Género para discernir a qué artículos del Código Penal afecta la suspensión de condena. Por ello, consideran que se trata de una mejora técnica.
   Por su parte, las organizaciones de mujeres recuerdan que el término violencia de género fue introducido de forma explícita por la Ley Integral contra la Violencia de Género y subrayan que la terminología "es una cuestión básica que ha constado muchos años de esfuerzo". "Es fundamental para visibilizar este fenómeno social, no podemos retroceder en ninguno de los avances ya realizados", han añadido.
   En todo caso, el ministerio de Justicia precisa que lo que se conoce hasta ahora es el anteproyecto de Ley de reforma del Código Penal y que es susceptible de mejoras. Además, subraya que el espíritu de la reforma persigue reforzar la protección de la mujer y que para ello tipifica otros delitos hasta ahora ausentes como el matrimonio forzoso, el hostigamiento o la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas.

CRÍTICAS A LA MEDIACIÓN

  Por otro lado, las organizaciones critican además la introducción de la mediación como nueva medida para condicionar la suspensión de la ejecución de la pena, una cuestión que estaba "vedada expresamente" en la Ley Orgánica 6/1985 del 1 de julio del Poder Judicial, tras la reforma introducida por la LO 1/2004, y el Convenio de Estambul del Consejo de Europa firmado por España y pendiente de ratificación.
   En relación con esta cuestión, las asociaciones han incidido en que, "dado el desequilibrio de poder entre víctima y agresor en casos de violencia de género", no cabe la mediación, cuyo "principio básico" es la igualdad entre las partes. "El ejercicio de la mediación en esta casuística pone en riesgo a la víctima, al tiempo que minimiza la acción violenta del perpetrador", han aseverado.
   Las asociaciones también han subrayado que, a pesar de que la Ley de Violencia de Género vigente recoge expresamente que ninguna pena de prisión puede ser sustituida por una pena de multa, el anteproyecto de reforma del Código Penal contempla esta medida que, a su juicio, aumenta "la impresión generalizada sobre la impunidad de los agresores" y que, además, puede terminar recayendo sobre las propias víctimas en supuestos de dependencia económica.

viernes, 16 de noviembre de 2012

MANIFESTACIÓN antisexista por la custodia compartida. Madrid, 18-N


Como en años anteriores y con motivo del Día internacional de los Derechos del Niño y dado que estos Derechos son vulnerados constantemente por la legislación y la práctica judicial actual, convocamos a afectados y simpatizantes a la manifestación anual.
monumento
Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género
Custodia Compartida por defecto, sí. - Denuncias falsas, no. - Síndrome de Alienación Parental, no.
18 de noviembre de 2012.
Puerta del Sol - 12 horas - Madrid


Manifestación por la
Derogación de las leyes Sexistas basadas en la Ideología de Género
y por la
Custodia Compartida

Fecha y hora: 18 de NOVIEMBRE de 2012 a las 12 horas

Lugar: Puerta del Sol - Madrid

CONVOCAN Y APOYAN:
http://projusticia.es/madridnoviembre2012/convocantes-2012.html           

Más información en: http://www.projusticia.es/madridnoviembre2012.html

Nos manifestamos contra:
a) Una ley inicua (Ley Orgánica 1/2004)

Las cosas pueden ser mucho peores si la Ley de Divorcio se utiliza conjuntamente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004). En ese caso, cualquier mujer sin escrúpulos puede poner al marido directamente en la calle (previo paso por el calabozo) o en prisión con cualquier denuncia de malos tratos, incluso psíquicos. Por desgracia, en una sociedad hipersensibilizada ante la llamada "violencia de género", los escrúpulos cada vez son menos. ¿Por qué habría de sentir escrúpulos una mujer a la hora de denunciar al marido si, desde las instancias oficiales se le insta a denunciar y se le repite una y otra vez que una de cada cuatro mujeres son maltratadas? ¿Qué tendría de raro pertenecer a esa cuarta parte de población femenina? A fin de cuentas, en su famosa macroencuesta, el Instituto de la Mujer considera maltratada a la mujer si su marido "ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a alguna organización)" o "no valora el trabajo que realiza", entre otros comportamientos. Con tan buenos avales oficiales, cualquier mujer puede considerarse legitimada para interponer una denuncia de maltrato que le reportará beneficios sustanciales e inmediatos. El resultado es que las denuncias falsas en procesos de separación son actualmente un mal endémico.

Al margen de las opiniones cruzadas sobre si las denuncias falsas son frecuentes o inexistentes, una simple consideración estadística pone de manifiesto su alta prevalencia. Todas las encuestas sobre violencia doméstica que tienen en cuenta los comportamientos de ambos miembros de la pareja coinciden en demostrar que la violencia psíquica y física en la pareja es perpetrada un proporciones similares por hombres y mujeres. Esta es una realidad corroborada por cientos de estudios científicos que, tarde o temprano, acabarán teniendo el reconocimiento social que les corresponde.

Por consiguiente, siendo similares los niveles de violencia en la pareja, y siendo abrumadoramente mayores los niveles de denuncias por violencia interpuestas por la mujer, necesariamente muchas de esas denuncias han de ser falsas. Incluso aunque no lo fueran, ello se debería a la mayor propensión de la mujer a denunciar, como se le aconseja insistentemente desde los órganos oficiales, pero el efecto global de esa cultura de la denuncia seguiría estando en completo desacuerdo con la realidad de una violencia que es bidireccional.

El actual régimen de divorcio, junto con las peculiaridades de la legislación sobre violencia en la pareja, que penaliza en mayor medida al varón y otorga mayor credibilidad a la mujer, y con el imperante clima social de victimización de la mujer y culpabilización del varón, consituyen el perfecto caldo de cultivo para la denuncia falsa, que, de la noche a la mañana, convierte a la mujer en beneficiaria absoluta del divorcio. Por no hablar de otras ventajas como acceso a puestos de trabajo, vivienda, percepción del paro, permisos de residencia, cursos de formación, etc. destinados a supuestas maltratadas. Es decir, las denuncias falsas están poderosamente incentivadas, y acabarán restando credibilidad a las verdaderas.

Para el hombre, el efecto judicial inmediato de una denuncia de ese tipo es el alejamiento obligatorio. Por delante le espera una larga lucha para demostrar su inocencia y, cuando lo consiga, tratar de restablecer los vínculos afectivos con sus hijos, después largos períodos de alejamiento forzoso. Todo ello, sin olvidar otro riesgo aún mayor: que una denuncia falsa puede tener los mismos efectos penales que si fuera verdadera. A pesar de todo, las falsas denuncias proliferan cada vez más, dado el bajo o nulo coste judicial que tienen para la denunciante (la mayoría de ellas no se persiguen). Cuando la palabra de la denunciante basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, el denunciado se encuentra literalmente confrontado a la prueba diabólica u obligación de demostrar la inexistencia del delito, el callejón sin salida de los tiempos inquisitoriales.

b) Una ley hipócrita (Ley 15/2005)

Si la función de las leyes es evitar o regular los conflictos, lo primero que cabe decir de la vigente legislación española sobre divorcio (Ley 15/2005) es que se trata de un gran ejercicio de hipocresía.

Hay dos formas de divorciarse: por las buenas o por las malas. En el primer caso, la Ley es un mero instrumento administrativo, ya que no existe conflicto entre las partes. En el segundo caso, la vigente legislación española sobre divorcio es esencialmente hipócrita, porque lleva dentro el germen de la discordia y los incentivos necesarios para alentar un intenso conflicto.

"Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento", dice la Ley. ¿Y por qué habían de llegar a ese acuerdo dos personas que, por puro desacuerdo, están poniendo fin a su convivencia? En virtud de esa disposición legal, el derecho humano básico a las relaciones familiares pasa a depender de un absurdo: que dos personas cuyos desacuerdos son tan profundos como para llevarlas al divorcio estén de acuerdo en el aspecto más decisivo y trascendental de ese divorcio: la custodia de los hijos.

De este modo, la Ley se supedita a la actitud obstruccionista del cónyuge menos colaborador. Pero, ¿qué progenitor puede tener interés en obstruir una solución por mutuo acuerdo? Evidentemente, el que más tenga que ganar con ello. Como la práctica judicial asigna la custodia de los hijos de modo casi automático a la madre, la Ley está induciendo a ésta a no colaborar, sabiendo que su actitud será recompensada con la custodia exclusiva y las ventajas que conlleva: el control de toda la situación posterior al divorcio, el usufructo del domicilio familiar y las pensiones.

El resultado es que la Ley de Divorcio incentiva los conflictos y favorece las separaciones, instadas en más del 70% de los casos por la mujer, como principal beneficiaria. Al hombre le corresponderá:
  • abandonar el domicilio familiar con "lo puesto";
  • ver a sus hijos dos fines de semana y cuatro tardes al mes;
  • pagar las pensiones sin posibilidad alguna de controlar su utilización posterior; y
  • en caso de préstamo hipotecario, pagar las letras de la vivienda familiar que su "ex" disfrutará, tal vez, en compañía de una nueva pareja.
Sin embargo, cada vez es mayor el número de instituciones autonómicas, provinciales y locales que se pronuncian a favor de la custodia compartida como opción preferente. Y hace ya muchos años que las encuestas vienen demostrando que la custodia compartida cuenta con el apoyo, no sólo mayoritario, sino casi total de la sociedad (83% por ciento según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010). La custodia compartida está en el corazón de la sociedad, pero no en el corazón del Estado, donde un pequeño núcleo de profesionales de la política defiende con ahínco los intereses del lobby feminista. Hoy, como hace treinta años, son esos intereses minoritarios los que siguen prevaleciendo contra el sentir unánime de la sociedad.

c) Una situación profundamente injusta

En su forma actual, el divorcio es para muchos hombres una catástrofe que, en cuestión de horas, puede convertir a un padre ejemplar en un paria expulsado de su casa (aunque obligado a seguir pagando la hipoteca), sujeto a una orden de alejamiento de sus hijos y al pago de las pensiones alimenticia (para sus hijos) y compensatoria (para su ex) y, por añadidura, imputado en un proceso penal.

En contradicción con los prejuicios ideológicos y los intereses creados en que se basa ese régimen legal y judicial, la realidad ofrece los datos siguientes: 
  • La población española es mayoritariamente partidaria de la custodia compartida (83% de respuestas afirmativas, según la encuesta Gallup de 2005 y la de DY del 2010).
  • Casi todos los estudios comparativos sobre el bienestar del menor en regímenes de custodia exclusiva y custodia compartida llegan a conclusiones favorables para la custodia compartida.
  • La práctica judicial de asignar de modo casi automático la custodia exclusiva a la madre se basa más en estereotipos y rutinas que en datos objetivos, ya que el riesgo de maltrato físico infantil aumenta drásticamente en los hogares monoparentales femeninos y los niños se desarrollan mejor en los hogares monoparentales masculinos, según los estudios comparativos que se han realizado sobre ambos tipos de hogares.
  • La custodia exclusiva fomenta la conflictividad entre los progenitores y afecta negativamente al desarrollo del niño (síndrome de alienación parental), peor adaptación al entorno, menor rendimiento escolar, menos autoestima y confianza en sí mismos, y más probabilidades de sufrir maltrato físico, de experimentar embarazos prematuros en la adolescencia, de caer en la delincuencia y las drogas, etc.).
  • El vigente régimen de separación y divorcio, con su dinámica de parte ganadora/parte perdedora, es el mejor caldo de cultivo para toda clase de abusos y, en particular, para el más eficaz de ellos a nivel judicial: las falsas denuncias.
  • El vigente régimen de separación y divorcio, de efectos devastadores para muchos hombres, aumenta desproporcionadamente las tasas de suicidio masculinas (el número de suicidios asociados al divorcio se ha estimado, en lo que respecta a España, en unos 250 casos al año) y las formas más extremas de violencia doméstica (en torno al 80% de los homicidios de pareja se producen en contextos de divorcio en los que el hombre lo pierde todo y se propicia la reacción violenta y desesperada de personas que sienten que no se les puede quitar ya nada más en su vida).
Por eso exigimos la derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género que conculcan, limitan o eliminan derechos fundamentales, como el principio de presunción de inocencia, y libertades como la de educar a tus hijos según tus propias convicciones éticas y morales.

Por eso abogamos por un divorcio justo y equitativo en el que no haya ganadores ni perdedores, sino igualdad de derechos y deberes para ambos progenitores.  Por eso nos complace presentar la CUSTODIA COMPARTIDA como medicamento capaz de poner remedio a tantos males y preservar el derecho humano básico del niño a la atención y los cuidados del padre y de la madre.

Por eso pedimos a todos que se unan a la manifestación del 18 de noviembre de 2012, cuyos detalles se han indicado en la cabecera del presente escrito.
Madrid, 30 de octubre de 2012


Convocan y/o apoyan:
Asociación para el estudio del maltrato y el abuso, Asociación pro derechos del niño SOSPAPA, Asociación PROJUSTICIA, Asociación custodia compartida por nuestros hijos, Asociación Nacional de Afectados por el Sídrome de Alienación Parental, Asociación de abuelos separados de sus nietos, Asociación Ambos, Grupo Padres e Hijos, Asociación Segundas esposas, Asociación Hijos de padres separados, Asociación de afectados por errores y negligencias judiciales, Asociación Padres maltratados, Denuncias al Estado, Jueces a juicio, Asociación Feministas por la igualdad, APLICC, Asociación para la igualdad y la custodia compartida, Tarragona, SOSPAPA Valladolid, Asociación de víctimas de la Ley de violencia de género, Asociación pro derechos del niño SOSPAPA (León - Castilla y León), Asociación pro derechos del niño SOSPAPA (Madrid), Custodia Compartida Alicante, Asociación de Padres de Familia Separados de las Islas Baleares (APFSIB), Asociación leonesa por la custodia compartida, Asociación Catalana de Padres Separados ...



No vengas solo. Tráete a tus familiares y amigos.
Ven "uniformado". Que se sepa que participas en la manifestación. Camiseta, pancarta, silbato, bocina, carraca, cacerola, etc.
d c a b e


martes, 13 de noviembre de 2012

Los políticos españoles instrumentalizan la principal causa de muerte no natural: el suicidio

Las cifras oficiales son las ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en las que no se registran la causa o los motivos del suicidio. Hasta 2006, año del repunte en la cifra de suicidios en España (que se mantiene estable desde entonces, de lo que se deduce que el repunte no se debe a la crisis económica), se publicaba el estado civil de la persona suicidada. Desde 2006 no se publica ese dato.
Respecto a la consideración de los adolescentes o los ancianos como "grupos de riesgo", basta ver los datos del INE (en el enlace colgado aquí) para comprobar que es FALSO que ésos sean los grupos de edad de riesgo.

Es FALSO que los suicidios tengan como causa fundamental un "trastorno mental". Las personas que padecen una depresión la padecen a menudo por problemas sociales objetivos... Y lo mismo cabe decir de quienes terminan en el alcohol. Si le preguntas a un psicólogo o a un psiquiatra acerca del suicidio seguramente te dará esa clase de causas "psicológicas". Pero, ¿por qué no les preguntan a los sociólogos? Es más: ¿a qué se dedican los sociólogos en España?... Es una vergüenza que en un país donde, desde 2008, el suicidio es LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE NO NATURAL (por encima de los accidentes de tráfico), no exista NI UN SOLO ESTUDIO acerca de las causas de ese fenómeno. Una vergüenza. 

Cada año se suicidan en España unas 3.500 personas, siendo varones aproximadamente el 80% de esos muertos (pincha). Se trata de un problema SOCIOLÓGICO que, hasta que se ha suicidado una señora exconcejal del PSOE que ha sido desahuciada (pincha), no le ha interesado a nadie. Parece que al PSOE le interesa de pronto decir que hay que poner freno a los desahucios y a los suicidios, cuando ha sido un gran promotor de ambas cosas... Lo hace mezclándolas interesadamente (demagógicamente) para arremeter contra el PP, pero no nos llamemos a engaño: el problema del suicidio en España no se debe a los suicidios por los desahucios... Como he dicho antes, el repunte de los suicidios en España se produjo en 2006, y si el suicidio superó en número a los accidentes de tráfico en 2008 fue por la disminución de los muertos en carretera, no por un aumento en los suicidios, cuyo número anual permanece en las mismas escandalosas cifras desde 2006 (antes de la crisis económica).

Pero ahí tenemos a todos los partidos del Congreso haciendo el paripé de que se preocupan por el suicidio... Claro, es que se ha publicado (la prensa también es culpable de publicar lo que le conviene sólo cuando le conviene y de la manera que le conviene) que se han suicidado recientemente tres o cuatro personas por los desahucios, y eso ha hecho mucho ruido en el contexto de crisis y de corruptelas bancarias y desahucios que padecemos. Gran ocasión para instrumentalizar el asunto del suicidio y tratar de sacar algún provecho político. Pero el suicidio les importa muy poco a casi todos los partidos políticos y a la prensa que les hace el juego (recordemos el infumable reportaje publicado por EL PAÍS en septiembre de 2011). Así que seguirá siendo cosa suya evitarlo como pueda cuando se vea hasta el cuello con sus problemas sociales y solo, querido lector... ¿O es que por fin los políticos y los sociólogos españoles van a estudiar la lacra del suicidio como merece ser estudiada la principal causa de muerte no natural en España? Cuando se publique algo serio al respecto, hablaremos de ello. Hasta entonces esto seguirá siendo una vergüenza.

El Congreso debatirá medidas para prevenir el suicidio

13/11/2012

El Congreso debatirá medidas para prevenir el suicidio
Ana Mato. Ministra de Sanidad e Igualdad. El Congreso debatirá medidas para prevenir el suicidio

Todos los grupos parlamentarios han suscrito una proposición no de ley para debatir en el pleno del Congreso nuevas acciones de prevención del suicidio dentro de la Estrategia de Salud Mental.
La iniciativa, firmada por los portavoces de los grupos, insta al Gobierno a promover una redefinición de los objetivos y acciones de prevención del suicidio y a desarrollar políticas que presten especial atención a los grupos más vulnerables -niños, adolescentes, ancianos y personas en riesgo de exclusión-.
Además, propone desarrollar campañas de visibilización, sensibilización y concienciación contempladas en la estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, vigente hasta 2013.
Reclama también el apoyo a la Red de Salud Mental de las comunidades autónomas para mejorar las medidas preventivas, el protocolo de manejo del suicidio y la atención y seguimiento inmediato a los intentos de suicidio.
En la exposición de motivos, la iniciativa indica que en España se suicidan nueve personas al día y plantea la necesidad de "dar una mayor claridad definitoria a la hora de clasificar los suicidios para poder abordar con mayor eficacia el problema".
Recuerda que las cifras oficiales son las ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en las que no se registran la causa o los motivos del suicidio.
"La prevención funciona", señalan los grupos, que apuestan por la colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas para adoptar medidas de prevención tendentes a evitar esas prácticas prestando una atención más especializada a los grupos más vulnerables.
La proposición no de ley indica que más del 90 por ciento de los casos de suicidio están asociados a trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia o el consumo excesivo de alcohol, por lo que reclama facilitar a los familiares y cuidadores de personas con enfermedad mental grave consejos y estrategias de actuación básicas para abordar y prevenir el suicidio en el entorno familiar.

Fuente: http://www.eldiario.es/politica/Congreso-debatira-medidas-prevenir-suicidio_0_68593239.html 

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Aprobada una enmienda de UPyD para responsabilizar penalmente a partidos políticos y sindicatos


Publicado el 07/11/2012 por
Intervención de Rosa Díez, portavoz de Unión Progreso y Democracia, en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social
http://www.youtube.com/watch?v=UAqiCiCHxco&feature=em-uploademail-new
Comisión de Justicia
07/11/2012


El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció el 31 de octubre que los partidos políticos y los sindicatos dejarán de estar exentos de responsabilidades penales y tendrán las mismas que el resto de personas jurídicas, porque así lo contendrá la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Hoy, 7 de noviembre, Rosa Díez ha invitado al partido del ministro (PP) y al resto de partidos del Congreso a pasar del dicho al hecho. La enmienda ha sido aprobada y, por tanto, sólo resta esperar a que el proyecto de ley sea llevado ante el Pleno del Congreso y la reforma legal tenga lugar.

Gallardón hizo su anuncio del 31 de octubre en respuesta a una interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, en la que él reconoció que "no tiene sentido" que partidos y sindicatos tengan actualmente "ese privilegio", y deben ser tratados en el Código Penal "exactamente igual" que el resto de personas jurídicas. De este modo, según fuentes del Ministerio de Justicia, se podría perseguir penalmente a los miembros de las direcciones de partidos o sindicatos si esos órganos hubieran tomado decisiones que son constitutivas de delito.

Tras la aprobación de esa enmienda de UPyD, sin embargo, los dirigentes de CiU y otros partidos nacionalistas que se mofan de las leyes democráticamente aprobadas en España, de las resoluciones judiciales y de la mismísima Constitución que vela por los derechos de todos los españoles pueden estar tranquilos, ya que el PP ha impedido que se aprobase otra enmienda de UPyD que proponía restablecer el castigo penal de cárcel para quien haga convocatorias ilegales de referéndums (pincha). El PP ha preferido seguir permitiendo que la Constitución y la legalidad sean incumplidas a placer por partidos políticos y personas jurídicas de esa manera, pues sus responsables sólo se enfrentan, como delincuentes, a una hipotética y nada disuasoria pena de inhabilitación (pincha). Olvida el PP (lo mismo que quienes piensan como el PP en ese punto) que sin respeto a la legalidad democrática no hay democracia posible. Y si no es un olvido...entonces ha de ser que la democracia les trae el pairo.

Respecto a los dirigentes de IU, que han votado a favor de la enmienda aprobada pero lo han hecho tras mostrar (en la línea del PP) una injustificable condescendencia con los que incumplen las leyes y la Constitución impunemente desde CiU o ERC, tienen sus propios motivos para reflexionar... Los responsables de IU deberían revisar su último programa electoral (pincha) en lo relativo a quienes denuncian interferencias parentales (es una advertencia...). Hay ahí difamaciones evidentes, que podrían constituir un presunto delito de injurias y calumnias...Lo mismo cabe advertir a las asociaciones feministas acostumbradas a difamar a sus críticos con absoluta impunidad, pese a que ya antes de esta enmienda eran condenables penalmente. Como personas jurídicas que son, pueden ser condenadas por vía penal y les conviene no olvidarlo con la alegría que lo hacen, porque la impunidad tiene un límite y un final en el tiempo.

Sin embargo, y respecto a que los imputados por delitos no puedan ir en las listas electorales, Alberto Ruiz Gallardón explicó a Rosa Díez que lo que hace la condición de imputado es dar "garantías procesales" a quien se le aplica, pero no debe ser un "prejuicio de culpabilidad"... Pese a todo, dijo que estudiará la propuesta de UPyD y una opción sería, ha dicho, "la apertura de juicio oral, que supondría que ya hay un indicio racional de criminalidad y por tanto debería impedir a esa persona concurrir a unos comicios". Tomamos nota, pues eso valdrá para todos los ciudadanos y no sólo para políticos, ¿verdad? Así que una simple denuncia no podrá ser tomada como indicio de delito para que un juez tome decisiones sobre la custodia de los hijos en un proceso de divorcio, por ejemplo, y al menos habría que esperar a la apertura de un juicio oral (lo que dejaría fuera las miles de denuncias finalmente archivadas...). Ok. ¿O lo que son derechos de los políticos no lo son de los demás ciudadanos, señor Gallardón?...

Rosa Díez se felicitó el 31 de octubre porque Gallardón hubiera recogido el guante lanzado por UPyD y accediera a estudiar algunas de sus propuestas. Y aunque el ministro no aceptó la idea de separar automáticamente de las listas electorales a los imputados, a Díez le sirvió la alternativa que le planteó. "Se lo compro", le dijo al ministro la portavoz de UPyD el 31 de octubre.
 http://politica.elpais.com/politica/2012/10/31/actualidad/1351702943_610447.html

Hoy, 7 de noviembre, la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha presentado una enmienda al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para responsabilizar penalmente a los partidos y los sindicatos. Tras la aprobación de la enmienda, el paso del dicho al hecho está más cerca. Aunque habrá impunidad para enemigos de la democracia española en Cataluña.
http://www.youtube.com/watch?v=UAqiCiCHxco&feature=em-uploademail-new

Mencionar las 'denuncias falsas' por violencia de género es políticamente incorrecto. Pero cae una red que las organizaba en serie



Que existen denuncias falsas por violencia de género es una obviedad (pincha), si tenemos en cuenta que se presentan anualmente centenares de miles de denuncias  y en su mayoría son archivadas antes de juicio alguno. No hace falta, pues, indagar en las denuncias que llegan a juicio y terminan con sentencia exculpatoria. El lobby suele decir en el primer caso que las denuncias son archivadas porque las mujeres retiran la denuncia, pero eso sólo ocurre en el 10% de los casos... Y para las sentencias exculpatorias el lobby siempre aduce que una absolución no implica que el acusado sea inocente y se trate de una denuncia falsa. Esto es cierto, pero lo inaceptable es que prácticamente nunca se investigue si se trata de una denuncia falsa (pincha) o no se trata de eso. 

Por otra parte, tengamos en cuenta que la motivación para presentar una denuncia falsa es muy alta, pues trae consigo muchos beneficios (ventajas en los divorcios contenciosos y ante la disputa por la custodia de los hijos; ayudas económicas; papeles para extranjeras; satisfacción perversa, despecho, venganza, etc.), mientras que apenas existe problema alguno para una mujer que sea condenada por denuncia falsa (cosa que apenas sucede porque nunca se investiga tal cosa, como he dicho). La condena máxima es de dos años de cárcel, con lo que en ningún caso ingresará en prisión si no tiene antecedentes penales, y la única pena consistirá en una simple multa de menor cuantía... Mucho que ganar y nada que perder.

Debe recordarse una y otra vez que las denuncias falsas son un grave maltrato contra la persona falsamente denunciada (un varón que padecerá las medidas "especiales" que las leyes sexistas, la justicia española y la policía prevén para esta clase de denuncias) y que, además, constituyen una estafa gravísima a las mujeres realmente maltratadas, pues merman su credibilidad así como los recursos económicos, materiales, judiciales y policiales que deberían estar al sevicio de las mujeres que los necesitan. ¿Puede saberse por qué se niega el lobby sexista a reconocer lo que es una obviedad (la existencia de denuncias falsas) y se empeña en considerar "machistas" (caca, culo, pedo pis...) que sólo tratan de desacreditar a las mujeres a quienes ponen sobre la mesa la lacra de las denuncias falsas por violencia de género?

José Luis Manzanares, ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y miembro del Consejo de Estado, ha alertado (pincha) respecto a que “en la legislación sobre violencia de género hay una serie de puntos muy preocupantes” y de que “hay medidas que fomentan la denuncia falsa”. También puso como ejemplo el hecho de que “se den preferencias para ocupar viviendas de protección oficial por ser víctima de este tipo de violencia, también sin necesidad de una condena”. Asimismo, recordó el caso de una red, recientemente desmantelada por la Guardia Civil, que presentaba denuncias por violencia doméstica para cobrar ayudas. La trama ofrecía a inmigrantes regularizar su situación y acceder a ayudas públicas. A los hombres les ofertaban entre 2.000 y 4.000 euros por interpretar su papel de maltratadores.

Resultará muy interesante ver la cara de quienes niegan que existan denuncias falsas de mujeres desaprensivas, alentadas por abogadas y psicólogas de asociaciones del lobby feminista (negocio) con la indiferencia de las instituciones, cuando lean que "existen hasta redes que las organizan" para proporcionar papeles a mujeres que carecen de ellos y cobrar ayudas, contratando para ese fin a falsos maltratadores que hacen el papelón...



Al Instituto Andaluz de la Mujer quiero recordarle por enésima vez que el 0'01% de 500.000 son 50. Por tanto, si hay anualmente "sólo" un 0'01% de denuncias falsas (pincha), hagan números... ¿Les parecen pocas 50 denuncias falsas al año? Pues 50 casos anuales no serían pocos. Hablaríamos de 50 muertos vivientes y de 50 familias destrozadas (padres, hermanos, nuevas esposas, hijos). Da vergüenza ajena ver a la feminazi de turno comparar una denuncia falsa por violencia de género con una denuncia falsa que estafa a una empresa aseguradora. Hace falta ser verdaderamente analfabeta emocional, es decir, psicópata... Pues bien, según 'sus' datos hay unos 50 casos de denuncias falsas 'probadas' al año. Dramático. Pero esa cifra está muy lejos de la realidad que permanece oculta, en miles de casos 'archivados' y en casos cuya falsedad es clamorosa pero que permanecen vergonzosamente sin ser investigados por parte de la justicia y, especialmente, por parte de una fiscalía obediente a las directrices del partido político que ostente el Gobierno en cada caso y que, indefectiblemente, se pone del lado de los intereses del lobby sectario feminista porque ello le resulta rentable económicamente (el negocio da beneficios para todos ellos) y electoralmente, tras la oportuna y machacona manipulación de la opinión pública.



ALMERÍA | Detenidas 18 personas en la operación 'Pomelo'

Cae una red que presentaba denuncias por violencia de género para cobrar ayudas

  • Contactaba con marroquíes para simular ser pareja y agresor de la mujer
  • A los jóvenes les ofrecían entre 2.000 y 4.000 euros por sus servicios
Miguel Cabrera | Almería
Actualizado martes 06/11/2012

La Guardia Civil ha desmantelado una red que ofrecía a mujeres inmigrantes, sobre todo marroquíes, regularizar su situación y acceder a ayudas públicas mediante falsas denuncias por violencia de género hacia sus parejas residentes en España, que la propia banda les buscaba en Almería, principalmente hombres de la misma nacionalidad, a quienes la banda ofrecía entre 2.000 y 4.000 euros por interpretar su papel de maltratadores.
En la 'operación Pomelo' han sido detenidas 18 personas, entre los que se encuentran los responsables del grupo, que ponían en contacto a las inmigrantes que querían legalizar su situación en España con hombres residentes en la provincia de Almería. A continuación, simulaban una relación y la mujer presentaba una denuncia por violencia de género para obtener así la regularización y, además, iniciar la tramitación de una subvención de 400 euros.
La Benemérita ha detenido a los tres organizadores de la trama, además de a otros seis varones y nueve mujeres que participaron en los hechos. En la operación también se han practicado dos registros en los domicilios de algunos de los implicados, donde se ha intervenido abundante documentación que está siendo analizada.
Hasta el momento, se ha determinado la implicación de los detenidos en al menos 14 delitos de denuncias falsas por violencia de género, con las que pretendían obtener la regularización de su situación e iniciar la tramitación de una subvención.

Aumento de denuncias por violencia de género

La investigación se inició después del verano, al detectarse un aumento significativo de denuncias por violencia de género entre ciudadanos marroquíes ante la Guardia Civil de El Ejido, en las que coincidían una serie de características y patrones comunes.
Tras las primeras averiguaciones, se localizó a un grupo organizado compuesto por tres personas de nacionalidad marroquí que se dedicaban a buscar mujeres marroquíes en situación irregular en España. Les ofrecían poder acceder a regularizar su situación administrativa simulando ser víctimas de violencia de género, además de posibilitarles acceder a las ayudas económicas que se conceden en España para las víctimas de estos delitos.
Para ello contactaban con varones marroquíes, con situación administrativa regularizada en España, a los cuales les ofrecían entre 2.000 y 4.000 euros por simular ser pareja y agresor de la mujer, con la promesa de que cuando ésta consiguiera su residencia legal en España retiraría la denuncia y la causa se archivaría, quedando sin antecedes por dichos delitos.
Una vez interpuesta la denuncia y con la sentencia provisional, las mujeres acudían a la Oficina de Extranjeros de Almería, donde presentaban una solicitud de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, conforme a su consideración de víctimas de violencia de género. En los casos investigados hasta el momento estas ayudas eran concedidas en el plazo de un mes.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/06/andalucia/1352193401.html

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IAM desconoce si alguna de las falsas mujeres maltratadas se ha acogido a los servicios de la Junta

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Junta de Andalucía ha afirmado este lunes que desconoce si alguna de las mujeres que presentaron falsas denuncias por supuestos malos tratos para recibir ayudas públicas en el marco de la operación 'Pomelo' han sido o no acogidas en la red de centros del Servicio de Atención Integral y Acogida de Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

6 de noviembre de 2012

ALMERÍA, 6 (EUROPA PRESS) 

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Junta de Andalucía ha afirmado este lunes que desconoce si alguna de las mujeres que presentaron falsas denuncias por supuestos malos tratos para recibir ayudas públicas en el marco de la operación 'Pomelo' han sido o no acogidas en la red de centros del Servicio de Atención Integral y Acogida de Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
En un comunicado, el IAM ha afirmado que ha tenido conocimiento de dicha operación, que ha permitido la detención de 18 personas de origen marroquí presuntamente vinculadas a la organización, a través de los medios de comunicación, por lo que "aún no cuenta con ningún otro dato aportado por las fuentes de la investigación".
En este sentido, desde el Gobierno andaluz afirman que no se puede comprobar aún si alguna de las nueve mujeres detenidas solicitó ayudas económicas dentro del programa de subvenciones del IAM para víctimas con escasos ingresos económicos.
No obstante, apunta que a que, según la información difundida, "se deduce que las ayudas económicas a las que se hace referencia son las que concede el Gobierno central, a través de la Oficina de Extranjeros de Almería, donde presentaban una solicitud de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, conforme a su consideración de víctimas de violencia de género".
Ante esto, la Junta de Andalucía, y en concreto el IAM, ha trasladado públicamente su disposición la Guardia Civil y la Justicia para colaborar "en lo que se precise", con el objetivo final de "frenar cualquier tipo de delito y abuso por parte de red criminal de unos recursos imprescindibles para la población más vulnerable".
"La persecución de tales delitos no debe suponer jamás una justificación para la pérdida de credibilidad de las verdaderas mujeres víctimas de violencia de género, ni para poner en juicio la eficacia de las herramientas legales y recursos asistenciales puestos en marcha para la atención de este colectivo y de los menores a su cargo, especialmente vulnerable que, recordemos, está en riesgo extremo de muerte", apunta el organismo.
Por otra parte, el IAM y la Junta celebran la persecución de todas aquellas personas que quieran aprovecharse de los recursos disponibles, "imprescindibles para salir del horror del maltrato", para "las verdaderas víctimas de violencia de género". Igualmente, recuerda que según los datos anuales de la Fiscalía General del Estado, las denuncias falsas tienen "una casi nula representación en las estadísticas de denuncias por violencia de género, al representar sólo el 0,01 por ciento de las mismas".

Fuente: http://www.que.es/madrid/201211061746-desconoce-alguna-falsas-mujeres-maltratadas-epi.html

Para evitar desahucios, por ejemplo
La picaresca dispara las denuncias falsas por maltrato
ROSALINA MORENO La Gaceta

La ley da preferencia para ocupar viviendas de protección oficial a víctimas de este tipo de violencia sin necesidad de una condena.  
“La mujer que se enfrente a un desahucio basta con que denuncie un maltrato, por pequeño que sea, para que no la echen, sin necesidad de que haya condena. Incluso con la colaboración de su pareja”, explicó ayer a LA GACETA José Luis Manzanares, ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y miembro del Consejo de Estado. Se pronunció en este sentido en referencia al Real Decreto Ley de Medidas de Protección de los Deudores Hipotecarios, que entró en vigor el pasado día 16, por el que se suspende un desahucio en hogares donde haya víctimas de violencia doméstica y que este sea su domicilio principal.
Manzanares alertó de que “en la legislación sobre violencia de género hay una serie de puntos muy preocupantes” y de que “hay medidas que fomentan la denuncia falsa”. También puso como ejemplo el hecho de que “se den preferencias para ocupar viviendas de protección oficial por ser víctima de este tipo de violencia, también sin necesidad de una condena”. Asimismo, recordó el caso de una red, recientemente desmantelada por la Guardia Civil, que presentaba denuncias por violencia doméstica para cobrar ayudas. La trama ofrecía a inmigrantes regularizar su situación y acceder a ayudas públicas. A los hombres les ofertaban entre 2.000 y 4.000 euros por interpretar su papel de maltratadores.
Juicio rápido, pensión y lejos de sus hijos...
Javier Pérez Roldán, abogado especialista en derecho de familia, también considera que con la medida de paralizar los desahucios se está “creando una bolsa de fraude”. Asimismo, este letrado califica de “nefasta” la Ley contra Violencia de Género. Explica que estos dan origen a juicios rápidos, a los tres días tiene lugar la vista definitiva, lo que causa que los abogados no tengan tiempo para preparar la defensa y recabar pruebas. Además, apuntó que “ese tipo de procedimientos tienden a criminalizar al denunciado sin necesidad de ninguna otra prueba que la declaración de la denunciante para condenarlo”.
Pérez Roldán también hizo hincapié en que tras un juicio rápido se le suele imponer una orden de alejamiento al hombre y fijarse unas medidas civiles que consisten en dar la custodia a la madre e imponer una pensión para el padre. “Después, en el procedimiento civil muchas veces te encuentras con informes de equipos psicosociales que dicen que el niño tiene mayor vinculación con el padre, pero que por los meses transcurridos ya está habituado a la vida con la madre y que no conviene cambiarle de hábitos. También ocurre que cuando se acuerda una orden de alejamiento, los puntos de encuentros están saturados y en ocasiones los niños están nueve meses sin ver a su padre”, informó.
Feminismo de género
Pérez Roldán lamenta que el ministro de Justicia sólo haya hablado de que modificará la ley para que las custodias compartidas no necesiten del informe del fiscal y, sin embargo, “mantenga que no se pueda otorgar cuando exista violencia de género, lo que favorece que muchas mujeres denuncien para evitar su otorgamiento”.
Por su parte, José Luis Requero, magistrado de la Audiencia Nacional y ex vocal del CGPJ, manifestó que “en su momento el CGPJ advirtió de que era una norma hecha desde los puntos de vista unilaterales de la ideología del feminismo de género y que meter esa cara ideológica en una norma penal y una norma procesal podría producir resultados contraproducentes”.  
Un millón de casos
Mañana, 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, cuya ley –1/2004, de 28 de diciembre– fue la primera normativa aprobada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Desde la creación en 2005 de los juzgados especializados en violencia doméstica (en la actualidad hay 106) se han instruido un total de 963.471 casos, según los últimos datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ conocidos el pasado miércoles.
Del total de delitos instruidos, la mayoría fueron por lesiones y malos tratos (656.212 casos). Los casos por maltrato habitual ascienden a 101.900, con un incremento del 140% desde 2005. En estos siete años han dictado, además, 236.686 órdenes de alejamiento y han acordado 141.465 medidas civiles cautelares mientras se tramitaba la causa.
Del total de medidas civiles, 14.496 correspondieron a la suspensión de la guardia y custodia de los hijos menores; 6.932 a la suspensión del régimen de visitas también de los hijos; y 709 a la suspensión de la patria potestad.
El próximo martes el PP defenderá en el Pleno del Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a desarrollar una cartera de servicios sociales básicos y comunes a todas las comunidades para asistir a las víctimas de violencia machista y a sus hijos, una “lacra social” que este año arrastra más de 40 víctimas.

lunes, 5 de noviembre de 2012

El Tribunal Supremo confirma la condena al juez Serrano



El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de nulidad que Serrano solicitó para su condena y que ese tribunal admitió a trámite en septiembre de este año (pincha).
El juez Serrano recurrirá ahora al Tribunal Constitucional. Veremos qué sucede allí (pincha).


El Supremo confirma la expulsión de la carrera del juez Serrano

El Alto Tribunal rechaza el incidente de nulidad contra la sentencia que le inhabilitó por diez años tras cambiar el régimen de visitas a un niño para que saliera en una procesión

Jorge Muñoz | Actualizado 01.11.2012
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que expulsó de la carrera al juez de Familia Francisco Serrano, al castigar con diez años de inhabilitación la decisión del magistrado de cambiar el régimen de visitas para que un niño pudiera salir en una procesión.

El Alto Tribunal ha dictado un auto en el que rechaza el incidente de nulidad planteado por la defensa del juez contra la sentencia que elevó de dos a diez años de inhabilitación la condena al juez, al atribuirle un delito de prevaricación dolosa y no culposa, como había considerado inicialmente la sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El abogado de Serrano, Miguel García Diéguez, planteó el incidente de nulidad, como paso previo para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y en el mismo alegó que la sentencia del Supremo vulneró los derechos fundamentales del magistrado a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y los principios de contradicción, inmediación y oralidad, así como el derecho de defensa.

Entre las "irregularidades" denunciadas por el juez Serrano destacaba que el ponente de la causa se convirtió en "juez y parte" al subsanar un defecto "insubsanable" en el planteamiento del abogado de la acusación particular que representaba a la madre del menor, por cuanto el TSJA le condenó por prevaricación culposa "cuando nadie lo había pedido" y que el Supremo no le escuchó a la hora de agravar la condena en la segunda instancia. El Supremo concluye que "la defensa ha podido, y lo ha hecho, defenderse de la imputación casacional formalizada por la acusación particular conociendo el sentido y alcance de la misma".

Sobre la indefensión alegada por no haberle tomado declaración, el Alto Tribunal indica que "la sentencia no ha realizado una revaloración de la prueba, pues el hecho probado no ha sido modificado, aunque sí se ha efectuado una valoración de la inferencia sobre la concurrencia del tipo subjetivo en el delito de prevaricación", y añade que por eso "se dispuso la presencia del acusado en la vista de la casación". Los magistrados añaden que esa presencia fue solicitada por la defensa y no se limitó a "ocupar un lugar entre el público, sino que se dispuso su ubicación en estrados" junto a su letrado.

La Sala tampoco considera que haya "divergencias relevantes" entre el relato de hechos probados que recoge la sentencia del TSJA y la del Supremo, por lo que confirma el fallo, desestima el incidente e impone las costas al juez. El auto señala que el "fundamento preliminar" del fallo del Supremo "sólo pretende la clarificación de un relato para facilitar la argumentación subsiguiente y su contenido no puede suponer una modificación del hecho probado que ha sido respetado".